El presidente del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, entregó este martes al presidente
de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que estudia la
reforma de la Ley Contra la Corrupción, Pedro Carreño, las propuestas del Alto
Juzgado del país con el fin de ser incorporadas al debate nacional para los
cambios al referido instrumento jurídico impulsados por el presidente de la
República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien entregó un proyecto de reforma
a la Máxima Autoridad del Poder Judicial en el marco de la realización de la
Sesión Solemne de la Apertura de Actividades Judiciales 2019.
Durante el encuentro con el
constituyente Pedro Carreño e integrantes de la Comisión Permanente del Poder
Público y Contraloría de ese Poder Plenipotenciario, el Magistrado-Presidente
afirmó que "nos reunimos para adicionar nuestro esfuerzo a la iniciativa
planteada por el señor presidente constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ante los máximos representantes de los
órganos del Poder Público Nacional, propuso un Proyecto para la reforma de la
Ley Contra la Corrupción. Esta iniciativa pretende adaptar nuestro marco
jurídico a las nuevas necesidades de la República, mediante un nuevo enfoque
normativo que permite reforzar la actividad del Estado y la articulación de las
políticas públicas orientadas a la prevención y combate de este flagelo".
La Máxima Autoridad del Poder
Judicial garantizó que "desde el Tribunal Supremo de Justicia, haremos
todo lo necesario para tomar las acciones que hagan falta a fin de evitar y
rechazar la impunidad, expulsar de nuestras filas a los corruptos y proveer un
servicio eficiente y adecuado a nuestro pueblo, el cual clama por justicia y
por una verdadera revolución que garantice el Estado Social de Derecho y de
Justicia que propugna nuestra Constitución".
En tal sentido, puso a la
disposición de la Asamblea Nacional Constituyente, "cualquier recurso
humano o técnico que permita mejorar la redacción y el efecto de este proyecto,
pues la lucha contra la corrupción debe ser articulada con todos los entes del
Estado, ya que representa una de las prioridades más importantes para nuestra
República". Asimismo, instó a los servidores y servidoras del Poder
Judicial del país a revisar la Ley y a
hacer los planteamientos pertinentes en la reforma planteada.
También destacó que la iniciativa
de reformar la Ley Contra la Corrupción plantea la creación de "una nueva
estructura del Estado dedicada de manera exclusiva a la lucha contra la
corrupción, se propone entonces crear La Oficina Nacional Contra la Corrupción,
la cual tendrá autonomía y articulación con el Ministerio Público, en la
conducción de las investigaciones que permita llevar a los responsables de
estos delitos ante la justicia penal".
"Desde
el Poder Judicial saludamos esta iniciativa, porque creemos que la lucha contra la corrupción es una batalla compleja
que no debe limitarse exclusivamente a la imposición de medidas sancionatorias
ejemplarizantes, sino que debe ser vista desde todos los frentes, pasando por
la concientización de la servidora y el servidor público, la mejora de su
seguridad social y los beneficios laborales, así como la revisión de los procesos administrativos del Estado,
pues un Estado cada vez más eficiente es el mejor antídoto contra la
corrupción", señaló.
Por su parte, el presidente de la
Comisión de la ANC que estudia la reforma de la Ley Contra la Corrupción, Pedro
Carreño, luego de agradecer la receptividad del Presidente del TSJ y de las
autoridades presentes en la reunión, ratificó que en la Ley contra la
Corrupción deben estar determinadas las sanciones a los nuevos tipos de delitos
que van surgiendo, que se hace necesario incluirlos en la nueva normativa
legal, entre los que destacó el resarcimiento del daño patrimonial que ocasiona
el corrupto.
Durante el acto, celebrado en el
Auditorio de la Sala Plena del TSJ, acompañaron a la Máxima Autoridad del Poder
Judicial los miembros de la Junta Directiva del Máximo Juzgado del país:
magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, primera vicepresidenta y presidenta de la
Sala Electoral; magistrado Juan José Mendoza Jover, segundo vicepresidente y
presidente de la Sala Constitucional; magistrada María Carolina Ameliach
Villarroel, presidenta de la Sala Político Administrativa; magistrado Yván
Darío Bastardo Flores, presidente de la Sala de Casación Civil y la magistrada
Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social; así como
los integrantes de la Sala de Casación Penal: magistrada Elsa Janeth Gómez
Moreno, quien es su vicepresidenta; magistrada Francia Coello González,
magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela y magistrada Yanina Beatriz Karabín de
Díaz.
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