El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, suscribió este miércoles un Convenio de Cooperación Interinstitucional y Académica entre el Máximo Juzgado venezolano y la Defensoría del Pueblo, con el objeto de fortalecer la formación y sensibilización en materia de Derechos Humanos a los servidores y servidoras judiciales, usuarios del Poder Judicial y demás integrantes del Sistema Judicial.
Tras la firma del documento con el defensor del Pueblo, Dr. Alfredo Ruiz, el magistrado Maikel Moreno en primer lugar felicitó la iniciativa y esfuerzo permanente que realiza la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, coordinada por la magistrada Francia Coello González, quien impulsó la suscripción de este Convenio, "esta iniciativa viene a fortalecer los fines del Estado establecidos en nuestra Constitución y consolidar el principio de colaboración y cooperación interinstitucional previsto en el artículo 136 de nuestra Carta Magna".
Asimismo el Presidente del Máximo Tribunal señaló que el Convenio "es fundamental para estrechar los lazos que requiere un conocimiento más profundo y sensible de nuestros funcionarios judiciales en materia de Derechos Humanos", además indicó que las diferentes actividades académicas que se implementarán deben diseminarse por todo el territorio nacional, "exhorto a nuestros Magistrados y Magistradas, así como a los Jueces y Juezas Rectoras a que nos unamos a este hermoso propósito de formar y sensibilizar a nuestros funcionarios/as, en un conocimiento más profundo en materia de Derechos Humanos", precisó.
Agradeció a la Defensoría del Pueblo por la colaboración para materializar esta iniciativa, al tiempo que expresó: "espero que en poco tiempo ya estemos desarrollando los Programas de Formación Permanente en materia de Derechos Humanos para nuestros funcionarios, así como cualquier otra actividad académica que tendrá efectivamente mi apoyo irrestricto e incondicional en la búsqueda de la mejor capacitación del operador de justicia".
En ese sentido cabe destacar que con base a este Convenio ya se inició la formación de 78 funcionarios y funcionarias del Circuito Judicial Penal en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas.
Por su parte el defensor del Pueblo, Dr. Alfredo Ruiz, expresó su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional y Académica, que viene a reforzar el trabajo y colaboración que la institución a su cargo y el TSJ han desarrollado en los últimos dos años, por lo que agradeció el apoyo brindado por el magistrado Maikel Moreno, presidente del Alto Juzgado, para concretar la firma de este documento.
Agregó que el objeto de este Convenio no solo busca la formación de los funcionarios y funcionarias, tanto de la Defensoría del Pueblo como del ámbito judicial, sino también la sensibilización de establecer nuevos mecanismos para que la justicia siga llegando a todos los rincones del país, para que no exista ninguna persona que se sienta desamparada y sea atendido por servidores cada vez más sensibilizados en el área de los derechos humanos, además, de ofrecerles un servicio cada vez más efectivo.
En el acto, realizado en el Salón de Conferencias del TSJ, estuvieron presentes también la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente del Alto Tribunal, magistrada Indira Alfonzo Izaguirre y magistrado Juan José Mendoza Jover; el presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Yván Darío Bastardo Flores; la presidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Marjorie Calderón Guerrero; el vicepresidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Marco Antonio Medina Salas y la magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, quien forma parte de la misma Sala; el magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonzo y el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, vicepresidente y miembro de la Sala de Casación Social, respectivamente; las integrantes de la Sala de Casación Civil magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba y magistrada Vilma María Fernández González; la magistrada Mónica Misticchio Tortorella de la Sala de Casación Social y coordinadora de la Jurisdicción Nacional Agraria, junto a servidores y servidoras de la Máxima Instancia Judicial y la Defensoría del Pueblo.
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