(Caracas, 17 de noviembre de 2017.- Prensa DP) Con el fin de seguir velando por los derechos humanos de las personas recluidas en los centros de detención preventiva y en los recintos penitenciarios del país, la Defensa Pública (DP) realizó una mesa de trabajo en su sede central, ubicada en el bulevar Panteón, en Caracas.
El encuentro contó con la participación de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Ministerio para Servicios Penitenciarios y la Defensa Pública, quienes realizaron propuestas orientadas a continuar mejorando las condiciones de los privados de libertad.
Entre las ideas planteadas está la referida a la necesidad de acortar el lapso para realizar evaluaciones psicosociales a los penados que optan a beneficios procesales, el cual, según la propuesta debería ser de dos meses antes de que opten a la fórmula alternativa, a fin de adelantar el trámite administrativo.
Además, el director de Derecho Penal y Asuntos Penitenciarios de la Defensa Pública, Gabriel Cedeño, expresó que los centros penitenciarios deben fortalecer el régimen que garantiza a los reclusos el derecho al estudio y al trabajo, para lograr su efectiva rehabilitación durante el cumplimiento de la pena.
También, los servidores públicos evaluaron estrategias destinadas a optimizar el traslado de los procesados y penados a los centros de reclusión más cercanos a su jurisdicción natural.
Por su parte, el director de Derechos Humanos, Indígenas y Minorías Vulnerables de la DP, Juan Carlos Tabares, planteó la propuesta de llevar jornadas integrales a los centros de detención preventiva, en las que los privados de libertad puedan beneficiarse con los servicios que brindan las diferentes instituciones del Estado, entre ellas el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
La actividad contó con la presencia de la directora del Despacho de la Defensora Pública General, Mariana Oliveros, la coordinadora de jueces y justicia penitenciaria del Tribunal Supremo de Justicia, María Francia Heredia, la coordinadora de asesoría legal del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Omaira Martínez, y el abogado Pedro Lara, funcionario de la Dirección General de Actuación Procesal del Ministerio Público, entre otros.
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