Empresas productoras de bienes de primera necesidad -o cómo deberían denominarse agentes de desestabilización- han promovido desde hace poco más de dos años un plan sin parangón contra la estabilidad del venezolano y particularmente contra la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro, que consiste en disminuir sustancialmente la presencia de productos en los establecimientos comerciales del país.
El modus operandi planteado por las transnacionales es el de la paralización total de las actividades que realizan las plantas de producción. Sin embargo, han aplicado otras formas destinadas a bajar las oportunidades de compra al público, en tanto incrementan sus niveles de ganancias.
Ésta acción, conocida como simplificación de la producción, podría definirse como un “desabastecimiento inducido” orientado a reducir la variedad de presentaciones de un determinado producto a sus versiones de mayor contenido.
Entendiendo ésta teoría y de acuerdo a lo manifestado por dirigentes sindicales que laboran en dichas transnacionales a través de misivas difundidas en medios de circulación nacional y señal abierta, las empresas mantendrían la producción pero disminuirían la oferta en 80%.
A esta estrategia de “golpe silencio” contra la economía y a priori contra el gobierno constitucional del presidente de la República se suman acciones de paralización por una supuesta falta de insumos a consecuencia del déficit en la asignación de divisas por parte del Ejecutivo.
Por si fuera poco –y de acuerdo con un trabajo publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Seguridad Social de los Trabajadores- estas empresas han optado por no darles tareas a los trabajadores para así justificar el despido de miles de empleados por no producir.
Con acciones como ésta -apoyadas por sectores desestabilizadores de la derecha- se devela la gran intención de las transnacionales extranjeras que no es más que ganar en medio de la guerra no convencional que enfrenta Venezuela.
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